Texto de las reinvidaciones

PARA ELIMINAR LA POBREZA

P-1 La implementación por parte de todos los Estados de una ley de bases y de estrategias con miras a la eliminación de la pobreza. Una ley de bases es una ley "marco" de alcance general, que indica una orientación global, afirma principios y establece objetivos. Esta ley de bases se debe tener en cuenta para inspirar otras leyes que un gobierno desee promulgar sobre la misma materia, en este caso, la eliminación de la pobreza. La denominación "ley de bases" puede variar en función del país. En ciertos países de América Latina, por ejemplo, se emplea el término "agenda nacional".

Esta ley de bases debe incluir medidas que garanticen la autonomía económica y social de las mujeres mediante el ejercicio de sus derechos. Debe prever la adopción de leyes, programas, planes de acción y proyectos nacionales que permitan a las mujeres, sin discriminación, ejercer sus derechos y tener acceso:

A LOS RECURSOS BÁSICOS
Al agua potable
A la producción y a la distribución de alimentos a fin de asegurar una seguridad alimentaria a la población
A una vivienda decente
A los servicios de salud de primera línea y de salud reproductiva
A la protección social
A la seguridad de un ingreso durante toda la vida

A LA CULTURA
Al final del proceso de homogeneización de las culturas

A LA CIUDADANÍA
Al reconocimiento de la ciudadanía mediante el acceso a los documentos oficiales (cédula de identidad)
A la igualdad de participación de las mujeres en las instancias políticas

A LOS RECURSOS NATURALES Y ECONÓMICOS
A la propiedad de los bienes familiares y al reparto equitativo de la herencia
Al crédito

A LA EDUCACIÓN
A la alfabetización
A la formación profesional
A los conocimientos científicos y tecnológicos

A LA IGUALDAD EN EL TRABAJO
A la equidad y a la igualdad salarial en el plano nacional e internacional
Al salario social mínimo
A la protección estatutaria para las trabajadoras domésticas y en los sectores informales de la economía
A la sindicalización y a la libertad de asociación
A los cargos de decisión
Al respeto de las normas de trabajo (en todos los lugares de trabajo, incluso en las zonas francas) adoptadas por la Oficina Internacional del Trabajo

A LA IGUALDAD EN EL REPARTO DE LAS TAREAS
Los Estados deben promover a través de medidas incitadoras el reparto de las responsabilidades familiares (educación y cuidado de los hijos, tareas domésticas) y adoptar medidas concretas de apoyo a las familias, como guarderías adaptadas al horario laboral de los padres, cocinas comunitarias, programas de apoyo para las labores escolares (tareas, lecciones), etc. Por consiguiente, los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para acabar con los valores patriarcales y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de democratizar las estructuras familiares.
Las mujeres reivindican asimismo que cese la mercantilización de su cuerpo a través de los medios de comunicación a fin de satisfacer las necesidades del mercado. Insisten además para que los Estados y las organizaciones internacionales tengan la obligación de tomar medidas para combatir y prevenir la corrupción.

Todos los actos, leyes, reglamentos y posiciones de los Estados nacionales se evaluarán a la luz de indicadores como:

·  el Indicador de la Pobreza Humana (IPH), propuesto en el Informe mundial sobre el desarrollo humano de 1997

·  el Índice de desarrollo humano propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

·  el Indicador del desarrollo humano especificado por sexo (que incluye un indicador de representación de las mujeres en los cargos de responsabilidad), propuesto en el Informe Mundial sobre el desarrollo humano de 1995

·  el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca de los derechos de los pueblos indígenas.

P-2. La aplicación urgente de medidas como:

El impuesto Tobin; los ingresos provenientes de este impuesto serán transferidos a un fondo especial:

·  dedicado al desarrollo social;

·  administrado democráticamente por toda la comunidad internacional;

·  a partir de criterios de respeto de los derechos humanos fundamentales y de la democracia;

·  con una representación paritaria de mujeres y de hombres;

·  al cual las mujeres (que representan el 70 % de los 1.300 millones de personas que viven en condiciones de extrema pobreza) tendrán un acceso prioritario.

La inversión del 0,7 % del producto nacional bruto (PNB) de los países ricos en la ayuda a los países en vías de desarrollo;

El financiamiento adecuado y la democratización de los programas de las Naciones Unidas imprescindibles para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y de los niños, como UNIFEM (programa para las mujeres), el PNUD (programa para el desarrollo) y UNICEF (programa para los niños);

El fin de los programas de ajuste estructural;

El fin de las compresiones y de los recortes en los presupuestos sociales y los servicios públicos;

El rechazo del proyecto de Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI).

P-3. La anulación de la deuda de todos los países del Tercer Mundo, tomando en cuenta principios de responsabilidad, de transparencia de la información y de imputabilidad.

Exigimos la cancelación inmediata de la deuda de los 53 países más pobres del planeta, en apoyo a los objetivos de la campaña Jubileo 2000. A más largo plazo pedimos la anulación de la deuda de todos los países del Tercer Mundo y la implementación de un mecanismo de vigilancia para la erradicación de la deuda, el cual velará para que el dinero conseguido sirva a la eliminación de la pobreza y al bienestar de la población más afectada por los programas de ajustes estructurales, principalmente las mujeres y las niñas.

P-4. La aplicación de la fórmula 20/20 entre los países donantes y los países receptores de la ayuda internacional.

De este modo, el 20 % del dinero desembolsado por el país donante debe dedicarse al desarrollo social y el 20 % de los gastos del Estado que recibe los donativos debe orientarse a los programas sociales.

P-5. Una organización política mundial, no monolítica, dotada de autoridad sobre la economía, con una representatividad equitativa y democrática entre todos los países de la Tierra (para asegurar una paridad entre países pobres y países ricos) y con una representatividad paritaria entre las mujeres y los hombres.

A ESCALA ECONÓMICA

La Marcha mundial desea contribuir a instaurar un sistema económico mundial justo, participativo y solidario. Por consiguiente, defiende una reivindicación de carácter estructural, proponiendo un Consejo Mundial para la Seguridad Económica y Financiera encargado de:

·  Redefinir las reglas de un nuevo sistema financiero mundial basado en una distribución justa y equitativa de los recursos del planeta, en la justicia social y en el mejoramiento del bienestar de la población mundial, en particular para las mujeres, las cuales constituyen más de la mitad de la población.

·  Ejercer un control político de los mercados financieros.

·  "Desarmar" estos mercados financieros, para impedir que perjudiquen a las sociedades y creen sistemáticamente inestabilidad, inseguridad y desigualdad.

·  Llevar a cabo una verdadera regulación y una vigilancia de las organizaciones con una misión económica, financiera o comercial.

·  Ejercer un control democrático sobre los intercambios comerciales, o sea, aplicar una actitud de "tolerancia cero" con respecto a la criminalización de la economía.

La composición de este Consejo no está de ningún modo resuelta y debe debatirse a escala internacional. No obstante, la Marcha desea indicar unas cuantas directrices ineludibles: la composición del Consejo debe incluir representantes de la sociedad civil (ONG, sindicatos, etc.) y asegurar la paridad entre los hombres y las mujeres y entre los países del Norte y los del Sur.

Como condiciones de implementación, la Marcha reivindica que se proceda inmediatamente a:

·  La eliminación de todos los paraísos fiscales (unos cuarenta países, entre ellos Gibraltar, las Islas Caimán, Liechtenstein, etc.), cuya existencia constituye en sí una forma de robo legalizado, ya que se permite que los financieros, las empresas, los dirigentes políticos, etc. escondan "su" dinero y lo sustraigan de este modo a los impuestos, leyes y reglamentación de los Estados;

·  El fin del secreto bancario, práctica antidemocrática que constituye asimismo otra forma de robo legalizado;

·  La redistribución de la riqueza actualmente monopolizada por los siete países industrializados más ricos.

EN EL ÁMBITO JURÍDICO

La Marcha mundial considera la eliminación de la pobreza no sólo como un objetivo que se desea alcanzar, sino como un derecho de aplicación inmediata. Por consiguiente, se reivindica un protocolo para la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  político, religioso, económico o cultural que ejerza un control sobre la vida de las mujeres y de las niñas y que denuncien los regímenes que no respeten sus derechos fundamentales.

P-6. Que se levanten los embargos y los bloqueos decretados por las grandes potencias en muchos países y que afectan principalmente a las mujeres y a los niños.

Reafirmar nuestro compromiso con la paz y con la protección del funcionamiento democrático y autónomo de los Estados naciones.

PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

V-1. Que los gobiernos que invocan los derechos humanos condenen todo poder político, religioso, económico o cultural que ejerza un control sobre la vida de las mujeres y de las niñas y que denuncien los regímenes que no respeten sus derechos fundamentales

V-2. Que los Estados reconozcan en sus leyes y acciones que todas las formas de violencia hacia las mujeres constituyen una violación a los derechos humanos fundamentales y que no pueden justificarse por ninguna costumbre, religión, práctica cultural o poder político. De este modo, los Estados deben reconocer a las mujeres el derecho de disponer de su vida y de su cuerpo, e igualmente a controlar su fertilidad (derecho al aborto y a la contracepción, contra las esterilizaciones forzadas y por el derecho de traer niños al mundo), agregado de 2001.

V-3. Que los Estados implementen planes de acción, programas y proyectos eficientes con recursos financieros y medidas adecuadas para poner fin a las violencias hacia las mujeres.

Estos planes de acción deben incluir en particular los elementos siguientes: prevención, sensibilización del público, seguimiento judicial, "tratamiento" de los agresores, investigaciones y estadísticas sobre la violencia hacia las mujeres, cuidado y protección de las víctimas, lucha contra la pornografía, el proxenetismo y las agresiones sexuales, incluidas las violaciones de niños, educación no sexista, acceso fácil al procedimiento penal, formación de los jueces y policías.

V-4. Que la ONU haga verdaderas presiones para que todos los Estados ratifiquen sin reservas y apliquen los convenios y los pactos relativos a los derechos de las mujeres y de los niños particularmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Convenio sobre los Derechos del Niño, el Convenio Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Pacto sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes.

Que los Estados armonicen sus leyes nacionales con los diferentes instrumentos internacionales, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, la Declaración de El Cairo y de Viena, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.

V-5. Que se adopten sin demora los protocolos y los mecanismos de implementación:

·  de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

·  del Convenio sobre los Derechos del Niño.

Estos protocolos permitirán a los individuos y a los grupos demandar a un Estado. Constituirán medidas de presión a escala internacional para obligar a los Estados a implementar los derechos enunciados en los pactos y convenios. Se deberán prever sanciones verdaderas en contra de los Estados recalcitrantes. Existe un protocolo que fue adoptado concerniente a la CEDAW.

V-6. Que el Convenio de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena incluya un mecanismo de aplicación que tenga en cuenta los documentos recientes, como las dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU (1996), respecto al tráfico de mujeres y de niñas y a la violencia hacia las mujeres migrantes. Se hará un agregado a esta reivindicación para hacer que los Estados ratifiquen el Acuerdo de diciembre de 2000 que trata sobre el crimen transnacional y, particularmente, los dos protocolos que lo acompañan sobre el tráfico de los seres humanos.

V-7. Que los Estados reconozcan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y suscriban las disposiciones en virtud de las cuales las violaciones y las agresiones sexuales constituyen especialmente crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

V-8. Que todos los Estados implementen políticas de desarme tanto los que tienen armas clásicas como los que poseen armas nucleares y biológicas. Que todos los países ratifiquen el Convenio sobre las minas antipersonal.

Que la ONU acabe con todo tipo de intervenciones, agresiones u ocupaciones militares, asegure el derecho de los refugiados y refugiadas a retornar a sus países de origen y ejerza presión sobre los gobiernos para hacer respetar los derechos humanos y resolver los conflictos.

V-9. Que se adopte lo antes posible la posibilidad de derecho de asilo para las mujeres víctimas de discriminación, de persecuciones sexistas o de violencia sexual.

V-10[1]. Que la ONU y los Estados de la comunidad internacional reconozcan formalmente, en nombre de la igualdad de todas las personas, que la orientación sexual no debe privar a nadie del pleno ejercicio de los derechos previstos por los instrumentos internacionales que son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

V-11. Que se adopte sin demoras la posibilidad de derecho de asilo para las personas víctimas de discriminación y persecución por razones de orientación sexual.